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La DPZ aprueba el PLUS, que distribuirá casi 50 millones para financiar más de 2.000 actuaciones en los 292 municipios de la provincia

El plan unificado de subvenciones 2018/2019 ha recibido el apoyo de todos los grupos de la corporación. Los ayuntamientos empezarán a recibir el dinero a finales de este mismo mes de abril. Casi la mitad de los fondos se destinarán a prestar servicios básicos municipales. Otro 11% será para financiar instalaciones y actividades deportivas; el 9%, para fomentar la cultura; y el 8%, para generar empleo.

Miércoles, 11/04/2018

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy por unanimidad el plan unificado de subvenciones (PLUS) 2018/2019, que distribuirá casi 50 millones de euros con los que los 292 municipios de la provincia podrán financiar más de 2.000 actuaciones fundamentales para la prestación de los distintos servicios municipales. En total, los ayuntamientos zaragozanos han pedido 2.091 ayudas por un importe global de 46,3 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 3,5 millones más que se distribuirán dentro un plan de concertación incondicionado –sin necesidad de justificar a qué se va a destinar el dinero–.

Prácticamente la mitad de los fondos finalistas solicitados por los consistorios se utilizarán para prestar servicios básicos como la pavimentación de calles, el abastecimiento, el alcantarillado, la seguridad, el alumbrado público o la limpieza viaria. Además, otro 11,3% se destinará a actividades e instalaciones deportivas; el 9,2% será para iniciativas y equipamientos culturales; el 8,7% se empleará en hacer mejoras en los edificios municipales; y otro 8% financiará iniciativas de fomento del empleo.

“Una vez aprobado el plan unificado de subvenciones en el pleno de hoy, esperamos poder empezar a transferir los fondos a los ayuntamientos a finales de este mismo mes de abril –ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero–. Ahora cada municipio recibirá los 12.000 euros del plan de concertación y un 15% de la cantidad que haya solicitado en forma de subvenciones, en total unos diez millones de euros, pero en cuanto lo permita la tesorería de la institución iremos transfiriendo el resto del dinero adelantándonos todo lo posible a los plazos establecidos en las propias bases del PLUS”.

Un cambio histórico para los ayuntamientos

El plan unificado de subvenciones es la novedad más importante introducida por Sánchez Quero en este mandato y supone un cambio histórico en la relación entre la Diputación de Zaragoza y los ayuntamientos, ya que ha agrupado en un solo programa los casi 30 planes de ayudas para municipios que la institución lanzaba cada año y ha establecido un criterio totalmente objetivo para distribuir el dinero entre los ayuntamientos.

De esta forma, a principios de cada año los municipios saben cuánto dinero les corresponde y deciden libremente a qué quieren destinarlo, lo que se traduce en una mayor autonomía a municipal, una mejor previsión a la hora de elaborar los presupuestos, una mayor agilidad en la tramitación de las subvenciones y una total garantía de que las subvenciones se distribuyen con criterios objetivos y transparentes.

Este año, los 3,5 millones de euros del plan de concertación incondicionado se distribuirán con una misma cantidad para todos los municipios –unos 12.000 euros–. Por su parte, los casi 46,1 millones solicitados en ayudas finalistas se van a repartir una parte fija –en torno a 63.000 euros– y otra variable que dependerá de la población de cada localidad –unos 96 euros por habitante empadronado–.

Deuda cero y 32,5 millones de remanente que no pueden gastarse

En el pleno de hoy también se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación de Zaragoza de 2017. “Gracias a la buena gestión del equipo de gobierno y al control exhaustivo del gasto que estamos llevando a cabo, el año pasado ejecutamos el presupuesto al 98,3% y este año vamos a dejar la deuda de la institución a cero amortizando los últimos 4,8 millones de euros que nos quedan”, ha subrayado Sánchez Quero, quien ha recordado que, cuando llegó a la presidencia a mediados de 2015, la Diputación de Zaragoza debía unos 31 millones de euros.

El presidente también ha explicado que la DPZ dispone actualmente de un remanente de tesorería de 32,5 millones de euros. “Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera nos impide invertir ese dinero en los municipios de la provincia y solo nos deja gastar unos 10 o 12 millones de euros –ha criticado–. Desgraciadamente, el señor Montoso sigue utilizando a las administraciones locales para atajar y controlar el déficit público y prefiere que tengamos el dinero en los bancos a que lo podamos destinar a fines tan necesarios como generar empleo o luchar contra la despoblación”.

Tres mociones

En la sesión de hoy, que ha sido la ordinaria correspondiente al mes de abril, se han aprobado dos mociones. La primera, presentada por el grupo En Común y enmendada por el PSOE y CHA, insta al Gobierno central a mejorar el sistema de pensiones con la introducción de nuevas vías de financiación que no graven solamente el factor salario; a recuperar la intervención del Estado en la financiación del sistema de pensiones; a revalorizar las pensiones de conformidad con la previsión de inflación e incrementándolas si esa previsión se desvía; y a derogar las reformas introducidas sin consenso en los últimos años. El PSOE, CHA y el PAR han votado a favor y el PP y Ciudadanos, en contra.

La segunda moción, presentada por CHA y también enmendada por el PSOE, ha salido adelante por unanimidad y reclama al Gobierno central la aprobación lo antes posible de la Estrategia frente al Reto Demográfico con recursos económicos suficientes y en coordinación con las medidas planteadas por la comisión de Despoblación de la FEMP y en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en Aragón.

Por el contrario, se ha rechazado una moción planteada por Ciudadanos para que la Diputación de Zaragoza apoyase la proposición de ley presentada recientemente por este partido en el Congreso de los Diputados contra la ocupación ilegal de viviendas. El PP y el PAR la han apoyado, pero el resto de grupos han votado en contra.