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“Los incentivos fiscales contra la despoblación deben ir ligados a planes estratégicos de desarrollo económico”

Un estudio encargado por la cátedra “Despoblación y Creatividad” recomienda cautela a la hora de utilizar el sistema fiscal, sugiere que las subvenciones directas pueden ser más adecuadas en determinados supuestos y propone a la DGA que no restrinja las deducciones por compra de vivienda en el ámbito rural

Los autores del novedoso estudio, los profesores Julio López Laborda, Ángela Castillo Murciego, Fernando Rodrigo Sauco y Eduardo Sanz Arcega, integrantes del Grupo de Investigación de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, argumentan que la literatura económica previa no es contundente, y ni siquiera unidireccional, a la hora de recomendar el instrumento de los incentivos fiscales como mecanismo para fijar/atraer pobladores al ámbito rural. Concluyen que en la literatura sobre movilidad los impuestos son, en el mejor de los casos, variables de importancia secundaria.

El estudio, cuyo objetivo era revisar la eficacia de los incentivos fiscales como instrumento para fijar o atraer población a un territorio, confrontando los costes y beneficios de vivir en una pequeña localidad o en una gran ciudad, lo encargó la cátedra “Despoblación y Creatividad” al tratarse de un asunto recurrente en todos los foros de despoblación sobre el que se ha investigado y publicado poco en España.

La cátedra “Despoblación y Creatividad”, constituida por la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza a finales del pasado año, es la primera específica en España sobre esta amenaza para la cohesión social que ha entrado en los últimos meses en la agenda pública y del Estado con la decisión de la Conferencia de presidentes, reunida en enero de 2017, de aprobar una Estrategia nacional y con la posterior puesta en marcha del Comisionado ante el reto demográfico.  

Los investigadores subrayan que los impuestos no son la variable más importante en la que se basan los agentes económicos para tomar decisiones de localización: “los incentivos –como se hace en las políticas estadounidenses de fijación de la población al territorio- deben ir ligados a la elaboración y puesta en práctica de planes estratégicos de desarrollo económico que incluyan la accesibilidad a los servicios básicos como sanidad y educación o la disponibilidad de infraestructuras adecuadas de transporte y comunicación”.

Los tipos impositivos reducidos, exenciones, reducciones de las bases imponibles, deducciones y bonificaciones de las cuotas tributarias, incluso las denominadas “vacaciones fiscales” durante un periodo de tiempo, se diseñan con el propósito inicial de estimular comportamientos tales como la inversión empresarial, la creación de empleo y el fomento de la natalidad y del ahorro.

Entre las cuestiones no previstas por el legislador, los investigadores de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza señalan que pueden convertirse en una renta extra por realizar una actividad que se hubiera llevado a cabo aun en ausencia del incentivo fiscal.

O pueden acabar favoreciendo a un agente económico diferente de aquel para quien estaban concebidos.

O se puede correr el riesgo de introducir diferencias injustificadas entre individuos y empresas que puedan incluso, desde el punto de vista de la competencia empresarial, ser incompatibles con el mercado interior europeo.

O, al estar vinculados a impuestos concretos, puede que solo beneficien a sujetos que declaren con cuota íntegra positiva dejando fuera a muchos sujetos potencialmente beneficiarios como, por ejemplo, los profesionales y autónomos.

Estas cuestiones no previstas a priori por el legislador, que menoscaban los efectos positivos de los incentivos fiscales, les llevan a sugerir que, en determinados supuestos, “quizás las subvenciones directas constituyan un instrumento de intervención pública más adecuado que los impuestos”.

A partir de la pregunta sobre si son primero los individuos o las empresas para que estas últimas se instalen en una determinada área, el estudio analiza las políticas fiscales que se han aplicado en países como Australia (reducción del Impuesto sobre la Renta), Irlanda (impuesto sobre la propiedad), Francia (programa de “zonas de revitalización rural”), Suecia, Noruega y Colorado (diferentes escalas de cotizaciones sociales por regiones que rebajaron los costes de los factores productivos de capital y trabajo a las empresas). Una de las conclusiones a las que han llegado los investigadores es que los efectos de los beneficios fiscales pueden desvirtuarse cuando se produce un alza de la vivienda que absorbe el incremento de renta derivado de esos incentivos.

Finalmente, el estudio de los profesores López Laborda, Castillo Murciego, Rodrigo Sauco y Sanz Arcega, analiza también las políticas fiscales que están aplicando las comunidades autónomas para frenar la despoblación en España.

Solo Madrid y Murcia no aplican incentivo alguno. El resto, con mención especial para La Rioja que tiene el programa de ayudas más extenso (concede una deducción más generosa por el cuidado de los hijos hasta los 3 años), se centran en deducciones en el Impuesto sobre la Renta por el nacimiento, adopción, escolarización y cuidado de niños, y en la adquisición de vivienda que no tiene que ser necesariamente vivienda habitual.

En el caso de Aragón, los que adquieran o rehabiliten primera vivienda, tengan menos de 36 años y vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes, se benefician de una deducción el 5 por ciento de las cantidades satisfechas.

Además, los que tengan hijos, hasta el segundo, y estén empadronados en municipios de menos de 10.000 habitantes desde el año anterior al nacimiento, reciben entre 100 y 300 euros según el nivel de ingresos familiares.

Y existen bonificaciones para los arrendatarios de fincas urbanas y rústicas siempre que el 100 por ciento de la renta anual no supere los 9.000 euros.

Los datos aportados por los investigadores revelan que en 2013 solo se beneficiaron 223 ciudadanos por adquisición de vivienda habitual en áreas rurales y que, un año después, bajaron a 67. Por tener hijos, fueron 1.038 los contribuyentes beneficiarios en 2014 con una deducción media por hijo de 110,45 euros y un gasto presupuestario total de 114.647 euros.

Si se analizan las previsiones presupuestarias fiscales de 2016, la pérdida de recaudación de la comunidad autónoma por adquisición de vivienda habitual de menores de 36 años, en municipios de menos de 3.000 habitantes, iba a ser de 62.600 euros. El gasto presupuestado ese mismo año para el nacimiento del primer y segundo hijo en municipios de menos de 10.000 habitantes fue de 116.336.

Cifras reducidísimas que llevan a los investigadores a preguntarse, ¿por qué restringir el beneficio a la primera vivienda y establecer límites de renta y edad si el objetivo es incentivar la permanencia o el traslado a los núcleos rurales? La sugerencia es que, antes de establecer límites excluyentes, se trabaje en la modulación de las deducciones para todos.

Una sugerencia más de los investigadores. Las deducciones solo benefician a los sujetos al IRPF con cuota íntegra positiva, que les sale a pagar a Hacienda, y, además, un 32 por ciento de los contribuyentes profesionales y autónomos, que tienen una renta distinta a la del trabajo, se están quedando fuera del incentivo a la adquisición de vivienda habitual. Es decir, que los profesionales y autónomos se benefician poco porque su renta supera los límites para disfrutar de las deducciones.

Puede descargar el citado informe en el siguiente enlace.